VIOLENCIA, INCLUSO DE GÉNERO, CONTRA LA MEDICINA

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Dr. Juan Benedito Alberola

Presidente del SIMAP

(Sindicato de Médicos de Asistencia Pública)

 Valencia,  23 de mayo  de 2007

Los empleados del sector público español van obteniendo, lentamente pero sin pausa, mejoras de sus condiciones laborales que inciden tanto sobre los aspectos económicos como sobre los profesionales.  Temas como la Jornada de 35 horas a la semana o el Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aparecen periódicamente en los medios de comunicación como objetivos a conseguir a muy corto plazo. Un paso adelante lo ha dado la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  Otro paso, el “Estatuto Básico del Empleado Público” que ha dado forma legal a gran parte de esta problemática. Este Estatuto afecta a unos 2’5 millones de asalariados de la Administración General del Estado (9%), de las Comunidades Autónomas (50%), de la Administración Local (23%) y de la Universidad (4%). De entrada, los médicos españoles del Sistema Nacional de Salud que dependen de las Comunidades Autónomas, tras la desaparición del INSALUD, están incluidos en su ámbito de aplicación. Pero se tendrá que armonizar con la normativa vigente, sobre todo con el inefable Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no derogado explícitamente y que en bastantes aspectos contradice el citado Estatuto Básico.

Los médicos ya éramos funcionarios desde la entrada en vigor de la Ley del Estatuto Marco. Sin embargo, como se recoge en dicho texto, somos especiales. Vamos a exponer una serie de consideraciones por la que deseamos, por una parte estar incluidos en la nueva norma sin excepciones y por otra no recibir un trato especial. Ya han pasado los tiempos en que la coletilla de cualquier reglamento que suponga clarificación o mejora es excluir al Sector de Sanidad (aunque en la práctica sólo se excluye a los médicos y no al resto de trabajadores de la Sanidad) y a continuación aparece un pequeño añadido que nos da un trato especial (que en la práctica supone un empeoramiento explícito draconiano de nuestras condiciones laborales).  Se produce una auténtica violencia, incluso de género, contra los médicos asalariados.

En primer lugar, nos encontramos con el tema de la jornada laboral. A diferencia del resto de trabajadores públicos nuestra jornada laboral es la máxima permitida por la Unión Europea (48 horas a la semana) y además considerándola insuficiente se normativiza, como excepción, la posibilidad de prolongarla. La Administración se niega a cuantificar anualmente esta jornada. El resto de trabajadores públicos sabe que su jornada son 37 horas a la semana, que se traducen en 1.596 horas al año (evidentemente la multiplicación de 37 horas por 47’8 semanas de trabajo dan una cifra superior, pero se aplican factores correctores de disminución al considerar que domingos, festivos, días de libre disposición, ..., son fiestas no recuperables). Los médicos, en cambio, si insistimos  recibimos la respuesta de que nuestra jornada máxima anual es de 48 horas por 47’8 semanas de trabajo sin factores correctores, lo que representa 2.294 horas de trabajo anuales. Nuestras protestas ante la justicia han recibido como respuesta la negativa a considerar el tema. Y nuestras interpelaciones a la institución del Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges valenciano sólo han merecido un escueto “no vemos nada anormal en el tema” como respuesta. La Sentencia del Asunto SIMAP del Tribunal de Luxemburgo no ha sido aplicada. Además, la Administración  ha encargado a rábulas, leguleyos y esclavistas que argumenten brillantemente sobre como eludir legalmente la aplicación de dicha Sentencia.  No sabemos si hablar de la esclavitud de la jornada ilimitada o del holocausto del desgaste profesional y humano que conduce al Síndrome del Profesional Quemado, al abandono de la profesión o a un elevado índice de fracasos familiares y vitales de los médicos. Nuestra propuesta consiste simplemente en que los médicos tengamos las mismas condiciones de trabajo que el resto de los trabajadores de la Sanidad, con la misma jornada máxima anual y con horas extraordinarias voluntarias  y limitadas para mantener, por una parte, su adecuada consideración laboral y económica y, por otra parte, el principio solidario de reparto de trabajo entre los médicos. No confundimos las imprescindibles guardias (nuestro trabajo se adapta a la fórmula “24 horas al día x 7 días a la semana x 365 días al año”) con  las horas extraordinarias. La jornada máxima diaria no debe exceder de 12 horas.

El porqué se tolera esta situación se explica en segundo lugar con el tema de la representatividad de los médicos. La Administración, en contra de la lógica o rectificando hacia atrás los pequeños intentos modernizadores, prefiere mantener unos órganos de representación que le resultan cómodos por su fluida relación con ellos si se sabe utilizar las reglas del precio justo. Unos Colegios de Médicos de afiliación obligatoria regentados por minorías de médicos que no creen en el Sistema Nacional de Salud y que participan marginalmente en él (sólo lo indispensable).  Y que eligen  sus órganos directivos con participaciones electorales ínfimas y decidiendo el resultado grupos ajenos a la asistencia, como los médicos jubilados o los médicos de la paramedicina (los médicos de la gestión y de la dirección que han abandonado la asistencia). Unos sindicatos de clase o de coaliciones profesionales que o dan la espalda a los médicos por ser los privilegiados del sistema o se constituyen en guardia pretoriana de la Administración a cambio de mantener sus privilegios personales. Los representantes de los médicos (que son el 15% de la plantilla) se eligen dentro de un censo global de trabajadores de la sanidad. Así se garantiza la pervivencia de un sindicalismo pactista, burocratizado y subvencionado basado en la moderación, la renuncia y la flexibilidad a cambio del precio justo. Y cuando se intenta modificar algo aparecen los Consejos de la Profesión Médica que vuelven a ser los mismos y con los mismos ropajes. Nuestra propuesta es clara y legal: Mesas Sectoriales de Médicos elegidas entre un censo sólo de médicos y que constituyan los Órganos interlocutores de la Administración.

En tercer lugar, exponemos la falacia del argumento que se utiliza para mantener esta situación. La escasez de profesionales justifica los abusos basados en las necesidades del Servicio. Aquí, un pequeño inciso, los médicos también somos usuarios, y muchas veces utilizamos el gremialismo para evitar que se nos atienda de forma masificada o por un profesional cansado en esas interminables jornadas de guardias (incluso sin libranza del día siguiente, allí donde no se ha aplicado la Sentencia del Asunto SIMAP).  Si generando anualmente más de 6.000 médicos especialistas a través del sistema MIR se dice que hay escasez de médicos, es que algo falla. De forma premeditada se programa mal el número de plazas de cada especialidad y de forma premeditada se lanza a la precariedad laboral a los médicos que acaban el programa MIR. De forma premeditada no existen Ofertas Públicas de Empleo Ordinarias anuales con traslados previos. Además, cuando se anuncia una OPE, los tribunales son designados digitalmente de forma tremendamente sesgada, lo cual provoca denuncias de numerosas irregularidades. Nuestra propuesta es convocatorias anuales de empleo con traslados previos y designación de miembros del tribunal por sorteo lo cual imprime carisma al designado y da máxima garantía de respeto a los principios constitucionales al opositor. Y, de forma rotunda, los médicos que han acabado el MIR (al que entraron a través de una prueba selectiva objetiva impecable) han de pasar, si voluntariamente lo desean, a fijos del SNS en expectativa de destino. De esta forma evitaremos estar subvencionando la formación de médicos en la Unión Europea a los países a los que emigran nuestros médicos (la libre circulación de profesionales no tiene nada que ver con la forzosa emigración condicionada por unas condiciones profesionales muy deterioradas y unas condiciones laborales muy precarias). También evitaremos estar subvencionando a las Concesiones Administrativas y otras formas de sanidad privada que contribuyen de forma anecdótica a la formación de médicos.  Por otra parte es casi milagroso y demuestra el enorme carácter vocacional de nuestra profesión el que tras haber entrado en la Universidad con las máximas notas de la selectividad y trás permanecer un número de años en ella superior a cualquier otra carrera, se dedique uno o dos años a preparar una oposición muy dura, para poder acceder a formarse como especialista durante 4 ó 5 años con  un sueldo muy bajo. La remuneración de los médicos durante nuestro periodo de formación como especialistas debe subir de inmediato a unas remuneraciones equivalentes al 80-90% del sueldo total de los médicos de plantilla. La situación actual es vergonzosa, sobretodo para el empleador.

Queda en cuarto lugar analizar la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de los médicos.  Ésta es indispensable tanto para hombres como para mujeres, pero son las mujeres las que tienen mayor dificultad para ello. Con 2.294 horas anuales de trabajo obligatorias, muchas de ellas realizadas por la noche y en domingos y festivos, bastantes en jornadas continuadas de 24 ó 31 horas, resulta heroica la maternidad de la mujer médico. Durante el periodo MIR es casi imposible. La imparable feminización de nuestra profesión hace necesario una adecuación numérica de las plantillas que permita la libre planificación de la vida familiar de los médicos. En la actualidad sólo la solidaridad de los compañeros, que aumentan su carga de trabajo para aliviar la carga de trabajo de las compañeras, permite de forma parcial esta conciliación. La violencia de género contra los médicos se evidencia cuando desde el Ministerio se emiten frases como las siguientes en contra de que los médicos tengamos vida familiar:“Sólo nos falta que las médicos MIR se queden embarazadas”, “Hay momentos en la vida en que hay que elegir”. O, desde el Síndic de Greuges Valenciano se le contesta a una mujer médico que pretender acumular las horas de lactancia en permiso de jornadas enteras de trabajo que esto “llevaría a la transformación del permiso diario de lactancia en unas vacaciones retribuidas y con ello a una desnaturalización del mismo”. O, desde la Inspección de Trabajo no se actúa de oficio contra la práctica habitual del trabajo nocturno de la mujer médico embarazada, circunstancia desde hace décadas prohibida en la Unión Europea para cualquier ciudadana que no sea médico.

Por último, si la bioética comprende también el análisis de las condiciones de trabajo de los médicos resulta como conclusión que la realidad expuesta es bioéticamente inaceptable.