Publicado en EL PAIS
Domingo, 25 de noviembre de 2007
REPORTAJE

Cuando la sanidad pública es un negocio

El PP extiende en Madrid y Valencia la privatización de la gestión - El modelo es el hospital de Alzira, marcado por el sobreesfuerzo del personal, la alta ocupación y la captación de pacientes de otras zonas para redondear ingresos

MÓNICA C. BELAZA / ORIOL GÜELL 25/11/2007
¿Es la inversión privada la mejor forma de garantizar la sanidad pública? El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) estrena mañana en Valdemoro, a 25 kilómetros al sur de la capital, el primer hospital privado de nueva construcción integrado en la sanidad pública: la Comunidad pagará la factura por la atención a 150.000 vecinos, pero su propietario es Apax Partners, un potente fondo internacional de capital riesgo.

Hay dos modelos de privatización distintos, Madrid y Valencia

El hospital de Alzira, Valencia, el pionero, abrió sus puertas en 1999

En 2003 la Generalitat tuvo que acudir en ayuda de la UTE
"Aquí se trabaja al 150%", dice el sindicato de médicos de Alzira
El número de nacimientos constata el desvío de pacientes a La Ribera
Entre 1999 y 2000 los partos subieron un 2,4% en la región y un 37% en Alzira
La participación del capital privado no es nueva en la atención médica a los ciudadanos españoles, un derecho universal y gratuito reconocido en la Constitución. Los funcionarios del Estado reciben asistencia a través de Muface en clínicas privadas y casi todas las comunidades -en especial Andalucía y Cataluña- suplen los huecos en sus sistemas públicos con colaboraciones con el sector privado.

Lo que es nuevo en España es la firme apuesta hecha por dos comunidades autónomas, Valencia y Madrid, gobernadas por el PP, para desvincularse de la gestión directa de sus nuevos hospitales y entregarla a empresas privadas sometidas al rigor de los consejos de administración y a la ley del mercado. Aunque hasta ahora lo habían hecho de forma distinta en las dos comunidades. En la valenciana, la empresa privada se encarga de todo mientras que en Madrid los médicos y las enfermeras están contratados por la Administración. Pero Valdemoro ha adoptado el sistema valenciano.

La cuestión que se plantea con este modelo, en clara expansión, es si debe ser un negocio un hospital público. ¿Y qué ocurre cuando deja de serlo? ¿De dónde sale el beneficio? La referencia es La Ribera, el hospital que el Gobierno valenciano financia en Alzira desde 1999. Ésta es su radiografía.

Habitaciones individuales con vistas a campos de naranjos, bonitos neceseres con productos de higiene básica, trato amable, amplios pasillos y un edificio nuevo con tecnología punta. La Ribera tiene un marketing perfecto a primera vista, nada comparado con la austeridad de la Seguridad Social. Fue el primer hospital público de España gestionado en todos los aspectos -médico-asistencial y de servicios- por una unión de empresas privadas. Abrió en 1999 y desde entonces se ha convertido en la piedra angular del modelo sanitario del Partido Popular.

"Pero no es oro todo lo que reluce", señala el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, el único representante en exclusiva de facultativos del hospital. "Es un centro colapsado, con un altísimo índice de ocupación. Hay poco personal, sobreexplotado, y una presión difícil de soportar para los profesionales. Aquí se trabaja al 150%". "Y la empresa gestora sólo ha conseguido beneficios gracias a que la Generalitat llegó al rescate cuando estaban a punto de quebrar y les inyectó una buena cantidad de dinero", añade María José Mendoza, médica, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y ex diputada socialista en las Cortes Valencianas. Porque ésta es la pregunta del millón: ¿Cómo se consigue hacer negocio de algo tan costoso como la sanidad pública?

El ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana fue el impulsor del modelo privatizador de La Ribera. Buscaba, según explicó entonces, un sistema más eficiente que la gestión pública directa. Y lo hizo a través de una concesión administrativa firmada por 10 años.

El trato que ofrece es el siguiente: las empresas construyen el hospital y prestan la asistencia y los servicios. Se encargan de todo y la Administración se despreocupa por completo salvo por una figura de control, el "comisionado", que nombra la Generalitat. Las empresas reciben una cantidad por cada uno de los más de 200.000 usuarios de la sanidad pública en esa área de salud (204 euros por habitante y año en ese entonces, 1999). Pueden, también, asistir y cobrar aparte a cualquier persona de otras áreas sanitarias. Y no tienen que hacer frente a gastos tan importantes como farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Todo esto, complicado de rentabilizar, lo paga aparte la Administración pública. No supone un riesgo para la empresa. En cuanto a la propiedad del hospital, revierte en la Generalitat cuando termina la concesi